DIRECTOR DEL PROGRAMA

• Dr. Carlos Román, Presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas

En el último tercio del siglo XX tuvo lugar, en buena parte del mundo, un proceso de reducción de la presencia del Estado en la vida económica y social. Las privatizaciones, la disminución de obstáculos a la circulación de algunos productos y de algunos factores de producción, la liberalización, la desregulación, la reducción de interferencias en la actuación de los agentes privados, etc., fueron presentados como lecciones de la experiencia y prueba del mal funcionamiento del Estado en muchos países de socialismo real.

Un nuevo siglo acaba de comenzar y todo parece indicar, sin embargo, que la dieta de adelgazamiento a la que el Estado fue sometido ha ido demasiado lejos. Las crisis financieras y bursátiles, los desequilibrios comerciales, la persistencia del desempleo, el aumento de las desigualdades en la distribución de la renta, los éxodos migratorios, los conflictos sociales, la agresión al medio ambiente, las tensiones geopolíticas, etc., prueban que la alternativa al mal-Estado no es el no-Estado.

Así pues, también la evidencia empírica demuestra que, aunque el Estado puede convertirse en el paradigma de la ineficiencia o el despilfarro, si las fuerzas del mercado se dejan actuar a su libre albedrío se genera tal cantidad de inestabilidades e injusticias que ninguna sociedad mínimamente civilizada puede tolerar. Más aún, es el propio mercado el que para su funcionamiento requiere de la existencia de unas reglas de juego que alguien debe establecer y hacer cumplir.

Por eso el objetivo ha de ser conseguir que el Estado sea cada vez más eficaz y más transparente. La enorme dificultad de la empresa no nos autoriza a abandonarla, sino que nos obliga a avanzar en la construcción de un nuevo paradigma que redefina el papel de lo público en el siglo XXI y nos ayude en la búsqueda de nuevos instrumentos para lograr nuestro objetivo.

Por supuesto no existen fórmulas mágicas de aplicabilidad universal, pero en muchas democracias maduras se abre camino una nueva rama de las Ciencias Sociales: la Evaluación de Políticas Públicas (EVP). Y ya está dejando de ser un avance científico para convertirse en una realidad institucional.

La EVP consiste en la aplicación sistemática de los métodos de investigación y de las técnicas cuantitativas y cualitativas, propias de las Ciencias Sociales, a la valoración de las intervenciones del Estado en la vida económica y social. La evaluación ayuda a medir la cantidad y la calidad de las intervenciones, a introducir racionalidad en el proceso de toma de decisiones y a abrir cauces para que los administrados participen y para que se les rinda cuenta de lo que se hace con su dinero. De ahí, su gran calado político porque de lo que se trata, en última instancia, es de la profundización de la democracia.

De hecho, la evaluación está indisolublemente ligada a los valores democráticos, en su sentido más amplio, esto es, a la libertad, a la igualdad, a la justicia y equidad, a la solidaridad, a la participación y a la responsabilidad. Sin duda esos valores no conforman un todo armonioso, sino que a veces entran en contradicción y la evaluación no dispone de herramientas para solucionar tales conflictos que constituyen el núcleo ético-político de la vida social.

Pero sí puede poner de manifiesto las implicaciones y las consecuencias fundamentales de las políticas públicas con relación a esos valores, mostrando en que medida son más o menos eficientes y eficaces, suponen una distribución equitativa de riesgos y beneficios, son preferibles a sus alternativas o hasta qué punto los objetivos perseguidos pueden, incluso, acentuar las desigualdades existentes. La evaluación de políticas públicas no resuelve el conflicto entre objetivos, pero permite conocer sus términos. Y eso ya es empezar a resolverlo.

Por eso todos los gobiernos democráticos del mundo deberían promover la formación de una cultura evaluadora independiente e incluir en sus agendas el uso de ese nuevo instrumento técnico colocándolo, políticamente al servicio de la Democracia.

Así pues, la evaluación de políticas públicas pretende valorar la utilidad y bondad de la intervención pública aplicando un conjunto de técnicas propias de las ciencias sociales. Su desarrollo está motivado por la constante preocupación por determinar cuál debe ser el papel del sector público en la sociedad, ante la confrontación entre el deseo de garantizar el Estado del Bienestar y la aparición del déficit presupuestario por el incremento del gasto público.

Para cumplir estos fines, la evaluación debería incorporarse desde el primer momento de la planificación, ya que es muy importante examinar de modo sistemático la idoneidad de la lógica y de las relaciones de causalidad entre las actividades programadas, objetivos y fines, y la adecuación de los sistemas articulados para la ejecución de la política. Igualmente, con la evaluación se debe analizar el grado de aceptación y la capacidad de los responsables políticos, gestores y técnicos para poner en marcha los sistemas de seguimiento y evaluación.

En el ámbito de la función pública, que es el responsable último de las políticas públicas, se detectan carencias formativas que se vinculan al insuficiente conocimiento por parte de los funcionarios sobre el tema de la Evaluación de las Políticas Públicas, el enfoque fragmentado y sesgado en algunos de los programas de estudios y cursos vigentes, la falta de actualización sistemática de los materiales bibliográficos de apoyo, así como la escasa vinculación y cooperación entre las instituciones que capacitan funcionarios públicos en lo referido al tratamiento del tema en el ámbito iberoamericano.

La capacitación de los funcionarios públicos se debe concebir como un proceso continuo, en el que se puede establecer una diferencia entre la orientada a la titulación y la destinada a la actualización, perfeccionamiento o especialización. En esta materia, el objetivo que se persigue es determinar, reunir y organizar los conocimientos que los funcionarios deben tener para elevar su profesionalidad y lograr una mayor eficiencia, tomando en consideración los requerimientos del contexto social. Debe considerarse también la formación ética del funcionario y el desarrollo de su vocación por contribuir a la elevación de la calidad de vida de sus conciudadanos.

Por estos motivos, la capacitación trasciende la reproducción de los conocimientos, hábitos y habilidades en el desempeño de su labor, y asciende a una etapa superior, la de la producción de conocimientos, es decir, aportes de nuevas ideas, y su aplicación –siempre que sea posible- a su praxis profesional.